Flota la pregunta de cómo pudo habérsele ocurrido a alguien el intento de prolongar el mandato del gobernador electo de dos a cinco años. La probabilidad de éxito es sumamente remota. Los ojos apuntan al propio gobernador electo, Jaime Bonilla, que insiste en prolongar su mandato. El caso es que no resulta muy creíble que se le haya ocurrido ese ensayo sin ningún respaldo de arriba. De ahí la sospecha de que pudo haber tenido el visto bueno de la Presidencia misma.

La tesis más recurrente es que se quiso explorar hasta dónde podría llegar dicho lance, cuál sería la reacción de la opinión pública y si podría pasar las impugnaciones legales, para así calcular la posibilidad de repetir el proceso a nivel presidencial. No me parece que el presidente López Obrador pretenda prolongar su mandato, pero tampoco podría descartar dicho escenario del todo. Un primer indicio de que había respaldo de arriba fue la declaración de Yeidckol Polevnsky, de quien no debiera sorprender dicha posición viniendo de una ferviente admiradora del régimen cubano y venezolano. Pero no es nada trivial que la presidenta del partido oficial respalde dicho intento, así fuese con argumentos tan endebles como que la ciudadanía quiere prolongar el mandato del gobernador (las encuestas señalan que no), y que el público se cansa de tanto proceso electoral (cierto, pero no está en juego un calendario permanente). En contraste, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas —alguien a quien todavía es difícil considerar neoliberal— reaccionó con una contundente condena.

Tras lo cual, las miradas se fueron al propio Ejecutivo. AMLO evadió una respuesta clara, alegando respeto a los poderes locales (él, que regaña constantemente al Congreso, a la Corte y a cuanto instituto autónomo ose contravenirlo). Después ya se deslindó de haber intervenido en dicha decisión —porque no es igual a los otros— pero sin emitir un rechazo contundente —porque no es tan distinto a los otros. Vino después el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, que había sido acusado por el presidente del Congreso de BC de intentar sobornar a los diputados locales por 1 millón de dólares. Escribió un artículo (Excélsior, 15/Jul/19) donde defiende la prolongación del mandato de Bonilla con el argumento de que la boleta no especifica la duración del mandato (decisión que el Congreso podría tomar legal y legítimamente). Pero aclaró que esa era su opinión personal, no institucional (¿se puede separar la persona del cargo en ese nivel?).

Entonces no quedó más que esperar la postura institucional de Gobernación. Olga Sánchez Cordero también separó la posición institucional —que fue de respeto a la decisión del congreso bajacaliforniano— de la suya personal como ex ministra de la Corte: que esa decisión era inconstitucional. Pero la postura institucional es la que cuenta: respeto a la decisión del congreso local.

Si el gobierno federal deseaba no ser sospechoso de haber avalado la intentona en Baja California, debió emitir un rechazo claro y contundente. No lo hubo. En el Congreso federal, en cambio, los morenistas sumaron filas con la oposición para rechazar el dislate. Es pues probable que éste se venga abajo. Pero quedará pendiente responder a preguntas como, ¿a cambio de qué los priistas y panistas de ese estado vendieron su voto? ¿Quién los sobornó? ¿Eso tendrá consecuencias legales, o al menos políticas? Esos diputados seguramente serán expulsados de sus partidos, pero no se descarta que Morena los recicle (así se formó ese partido). En cuyo caso Morena al menos habría ganado el control de un congreso en donde tiene una presencia formal de sólo tres de 25 curules. Nada mal.

José Antonio Crespo
Twitter: @JACrespo1
Profesor afiliado del CIDE