La hora de Olga Sánchez Cordero
La embestida contra los servidores públicos de todo tipo de instituciones (incluido el Poli y se sumarán las universidades autónomas) que ganan más de 108 mil pesos al mes, arrecia peligrosamente. De tal magnitud es la confrontación que el senador por Morena Félix Salgado Macedonio lanzó la estulta amenaza de impulsar la disolución de la Suprema Corte de Justicia.
“Si los ministros no aceptan ajustarse a la austeridad y quieren seguir viviendo como virreyes, habré de plantearle al presidente Andrés Manuel López Obrador que los liquide y envíe al Senado las ternas de los nuevos ministros. Ernesto Zedillo lo hizo. AMLO también puede hacerlo…”, advirtió.
Como este protogolpista (patinó hace pocos días con que el Senado podría decretar la desaparición de poderes donde los gobernadores no se sometieran a los llamados superdelegados), en las bancadas lopezobradoristas del Congreso abundan los dispuestos a dinamitar la vida institucional de México.
Por suerte y hasta donde va la mayor crisis constitucional de la historia, la idea de disolver la Corte no está en los planes de Andrés Manuel López Obrador, por mucho que sea él quien más ha prodigado descalificaciones a jueces, magistrados y ministros.
Esta semana, en el acto en que el ministro presidente del máximo tribunal, Luis María Aguilar, presentará su último informe de trabajo, será el mejor escenario para conocer el tamaño real del conflicto, ya que es impensable que no acuda el Presidente de la República.
Una mujer en el primer círculo de AMLO, sin embargo, ha de estar jugando un papel medular para que se no se llegue a una irreparable colisión: Olga Sánchez Cordero.
Como se lo recordó su predecesor en la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, la exministra reúne (como Benito Juárez) los atributos de haber servido en los tres poderes y es de suponer que está mediando entre sus excompañeros del Judicial y su jefe.
Entre las conclusiones del ensayo del ministro en retiro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, citado ayer aquí, resalta esta:
“Si la Cámara de Diputados permite que sea el Presidente de la República el que fije su remuneración y, por extensión, la de todos los demás servidores públicos, no sólo abdicará de su potestad sino que además violará flagrantemente la Constitución, ya que se reunirán dos poderes en una sola persona”.
Esa persona es Andrés Manuel López Obrador, quien se fijó la paga de 108 mil pesos pero a la que deben añadirse prestaciones tales como pasajes, casa, luz, comida, gasolina, etcétera, que por modestas que las requiera, corren el riesgo de perder decenas de miles de servidores públicos.
Los trabajadores (sindicalizados y no) suelen gozar de compensaciones en especie.
Qué alivio para muchos de los afectados por la nueva ley que el Presidente no se asignara un salario de cinco, diez o quince mil pesos mensuales…
