Por comprensibles que sean las aprensiones que personajes y organismos civiles expresan sobre la Guardia Nacional y que ésta quede subordinada al Ejército, debieran reparar en la absurda disolución de la Policía Federal, que constituye el mayor error de la propuesta.

Dicho eso, tiene sentido recordar que la que quiere crearse figura en la Constitución como si ya estuviera constituida, en los capítulos de los derechos y facultades de la ciudadanía, el Congreso y el Presidente de la República en los artículos: 10 (Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas… con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional…), 31-III (Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el orden interior), 35-IV (Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones…), 36-II (Alistarse en la Guardia Nacional), 73-XV (Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional…), 76-IV (Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional (…), fijando la fuerza necesaria), 78-I (Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional…), y 89-VII (Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos…).

También está mencionada en la Ley del Servicio Militar Nacional y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La Guardia Nacional está mencionada constitucionalmente desde 1847 y 1857.

En los hechos, civiles participaron en algo por el estilo en las guerras contra Estados Unidos y Francia en el Siglo XIX.

Para constituirse ahora es necesario reformar la Constitución y las leyes derivadas, a fin de que sea una corporación centralizada, con jerarquía y funciones específicas, no tanto para la seguridad pública (responsabilidad de las policías), sino de la seguridad interior del país.

La utilización del Ejército y la Marina Armada en tareas imprecisas de seguridad pública e interior sin el debido marco legal es lo que ha dado lugar al señalamiento de que los gobiernos inmediatos anteriores “militarizaron" las funciones policiacas.

De nacer, la Guardia Nacional será la instancia intermedia entre los extremos: policías estatales y municipales de lástima y sólidas Fuerzas Armadas en riesgo permanente de cometer atropellos.

Falso que el Gobierno de la cuarta transformación quiera militarizar la seguridad pública, lo cual más bien heredó.

Si aborta la gestación de la Guardia Nacional, existe una mucho mejor solución: integrar a policías militares y navales (más los 50 mil convocados para la pretendida corporación) a la injustamente valorada Policía Federal…