Las argucias con que Bienestar y DIF rechazan la recomendación de la CNDH para que reintegren el dinero escamoteado al Programa de Estancias Infantiles delatan su desprecio a niñas y niños de hogares muy pobres y se suman a la embestida contra la institución del Estado que vela por los derechos humanos.

Ayer en “La Jornada” se anticipó lo que se oficializó ya:

“Reprochan que a 10 años de los sucesos de la guardería ABC, el organismo ‘no buscó hacer justicia y ahora defiende el modelo privatizador”’.

Rechazan la recomendación de la Comisión y la califican “como ‘una aberración’.

En documentos muy similares señalaron que aceptarla significa permitir “el robo” de mil 49 millones de pesos al erario.

‘No somos encubridores’ de actos de corrupción ‘ni cómplices’ de quienes son capaces hasta de atentar contra los derechos humanos de los niños…”.

El nuevo ataque a la CNDH desde el Poder Ejecutivo no tiene precedente:

“‘Por motivaciones políticas y por consigna de intereses creados’, la Comisión emite esta recomendación a nuestro gobierno, en la que ‘defiende violaciones a derechos humanos y la corrupción’ en perjuicio de los niños en las estancias infantiles, ‘promovidas por una mayoría de militantes o simpatizantes del PAN.”’

La CNDH pidió (31 de mayo) a estas dependencias, a la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria “establecer las acciones inmediatas y necesarias que garanticen los derechos de los niños a una ‘vida digna, a un sano desarrollo integral, a la educación, a la protección de la salud, a la inclusión, al juego y esparcimiento a partir de su interés superior’. Solicita restituir a los niños y a los padres, así como a los responsables y trabajadoras de estancias infantiles, los ‘derechos que fueron violados’ a partir de la emisión de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar y la disminución del presupuesto de esta estrategia”.

En oficio del 21 de junio, la subsecretaria Ariadna Montiel afirma que con el Programa de Estancias Infantiles “el único beneficio para los padres” (¡¿y los niños…?!) “era el tiempo para que accedieran o permanecieran en un trabajo remunerado”, y ahora, con pinches mil 600 pesos ‘bimestrales’ por niño, “pueden elegir al ‘proveedor de los servicios’ de cuidado y ‘hasta puede ser un familiar”’.

Según ella, 40% de las estancias “tenían situaciones de riesgo, en diciembre se cobró lo de 329 mil niños, sólo se ubicaron a 213 mil, y había ‘malversación de fondos”’.

Lo que no confiesa es que sus ridículamente nombrados “servidores de la nación” pretenden censarlos cuando sus madres están trabajando y no hay quien los atienda.

Y sostiene que la CNDH “‘se esmeró en ocultar’ la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de ‘innumerables casos de violaciones a los derechos humanos”’, y su actuación fue “lamentable durante ‘el periodo autoritario neoliberal…”’.

¡Qué asomada de calzones!