La majadera respuesta de las secretarías de Bienestar y Hacienda, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a la puntual, respetuosa y sensata recomendación de la CNDH para que restituyan los fondos del Programa de Estancias Infantiles tuvo el viernes 5 una insólita pero merecida réplica en que se evidencia la orfandad de esas dependencias en materia de legalidad.

El DIF cometió la imprudencia de exhibir su ignorancia supina, al argüir que “el Estado mexicano tiene ‘la facultad primigenia, exclusiva, e inalienable’ de fijar las prioridades para la protección de los derechos humanos”, lo que permitió a la CNDH darles una lección de derecho elemental:

“El respeto y cumplimiento de los derechos humanos ‘no es una potestad’, sino ‘una obligación’ constitucional de todas las autoridades, empezando por el Presidente de la República”.

La alusión al primer mandatario fue porque éste avaló las descalificaciones, incluida la patraña de que la CNDH nada hizo ante los casos Tlatlaya, Tanhuato, Iguala y la Guardería ABC.

El titular de la Comisión, Luis Raúl González Pérez, argumentó:

“La defensa y preservación del interés superior de la niñez es un principio y obligación Constitucional, no una potestad discrecional de las autoridades. La CNDH es el órgano del Estado mexicano al que, constitucionalmente, le corresponde la protección de los derechos humanos frente a la autoridad y, para efectos internacionales, es la institución nacional de protección de los derechos humanos de nuestro país (…). El reconocimiento y vigencia efectiva de los derechos humanos es un elemento esencial de un Estado democrático. ‘Su desconocimiento, vulneración intencional o la simulación pactada’ sobre su observancia y respeto, son elementos propios de ‘regímenes autoritarios’ (…). La CNDH ‘ha sido colocada frente a un hecho sin precedentes: el rechazo concertado, directo, altisonante, desdeñoso e infundado’, de la primera de sus recomendaciones al actual gobierno (…)”, pese a que éste “‘se comprometió explícitamente’ a respetar la autonomía, funciones y a cumplir las recomendaciones” de la Comisión.

Con su actitud, denunció, el gobierno revictimiza a los padres y madres de las niñas y niños que requieren de las estancias infantiles, así como al personal que las operan, “y además ‘vulnera la verdad, la legalidad y el respeto a la institucionalidad democrática’ que deberían imperar en nuestro país.

Y todo, hizo notar, porque el gobierno federal optó “por formular una negativa basada en elementos de carácter preminentemente ‘ideológico o político’, motivo por el que la CNDH solicitará al Senado inste a las autoridades a fundamentar en la ley su negativa, pero también recurrirá a los organismos internacionales que velan por los derechos humanos, en particular los de la infancia”.

Qué bochorno.

Qué vergüenza...