Preocupante desinstitucionalización (2)

Las instituciones lo son todo en una democracia: regulan el ejercicio del poder, tutelan los derechos humanos y sociales de los ciudadanos, garantizan la aplicación irrestricta e imparcial de la justicia, protegen la vida de la población y la propiedad privada, vigilan la aplicación de reglamentos y contratos.

Un país con instituciones fuertes tiene abiertos los senderos al desarrollo social y económico y la prosperidad compartida; un país carente de un entramado institucional sólido es territorio fértil para el estancamiento y retraso, la violación de los derechos y el abuso de los gobernantes.

En México hay preocupación por la desinstitucionalización que se percibe.

En la política social se echaron por la borda décadas de esfuerzos para dotar a los programas de combate a la pobreza de una base científica y metodológica que permitiera reportar -como debe hacerse en toda democracia- en qué se gasta el dinero público y qué resultados se obtienen en la calidad de vida de los beneficiarios de estos recursos.

Si bien había insuficiencias y vicios, las medidas institucionales adoptadas las exhibían.

Eran una garantía para todos.

Se suprimieron las Estancias Infantiles que facilitaban la incorporación de madres con hijos pequeños y sin seguridad social al mercado de trabajo.

Las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para restituir el apoyo a las Estancias, han sido desoídas por este gobierno que sigue alegando la existencia de “niños fantasma”.

Pruebas aportadas: ninguna.

Se canceló el Programa Progresa-Oportunidades-Prospera, con casi 20 años de operación.

El argumento: “se falsificaban censos y firmas y se robaban el dinero”.

Pruebas aportadas: ninguna.

Decenas de miles de servidores públicos con gran experiencia y credenciales académicas fueron despedidos, la inmensa mayoría en condiciones violatorias de sus más elementales derechos laborales. 

El capital humano con el que operan las instituciones gubernamentales se empobreció.

Muchas de las plazas que quedaron vacantes han sido ocupadas por personas sin perfil ni mérito.

La desinstitucionalización de la política social puede continuar y profundizarse si este gobierno decide que ya no sea la Medición Multidimensional de la Pobreza a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la que sirva de parámetro para definir las acciones públicas en la materia y promover la rendición de cuentas.

El riesgo es alto en vista de que, bajo los estrictos parámetros metodológicos que utiliza dicho Consejo, no les puede ir bien a los programas clientelares iniciados.

En el ámbito educativo se decidió desaparecer al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como parte de una negociación con la CNTE.

Esto abona al desastre de la enseñanza pública que constituye, sin duda, una de las razones por las cuales el “elevador social” de los más pobres está descompuesto.

Desapareció, también, sin balance alguno de por medio, el Seguro Popular que garantizaba acceso a servicios médicos a los más pobres que hoy han quedado desamparados a la espera de que el Presidente cumpla su compromiso de construir “un sistema de salud a la altura del que tiene Dinamarca”, algo que no será posible sin una profunda reforma fiscal.

El gobierno propuso perfiles cuestionados a la Comisión Reguladora de Energía y tiene la mira puesta en el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) así como en el Poder Judicial, éste último uno de los últimos contrapesos efectivos al Ejecutivo, ya que lo mismo ha otorgado amparos a las estancias infantiles que a aquellos ciudadanos que se oponen al aeropuerto de Santa Lucía, cuya obra está suspendida.

Bajo el pretexto del combate a la corrupción se ha achicado al Estado y el gobierno ha perdido capacidad de operación.

La salida de Carlos Urzúa de la Secretaría de Hacienda y su denuncia sobre la improvisación, el nepotismo y el desdén por la evidencia en el diseño e instrumentación de las políticas públicas, lejos de conducir a una mínima posición autocrítica, ha llevado al “ala dura” de la 4T, a refrendar su convicción de que las cosas van muy bien y que “no habrá cambio de rumbo”.

Con una mayor centralización del poder, con instituciones mermadas, con decisiones sin una hoja clara de ruta, será difícil que este gobierno genere las condiciones de confianza que exigen los mexicanos y un futuro mejor. 

Vienen, sin duda, tiempos complicados, empezando por la economía que ya muestra su deterioro. 

Es tiempo de abrirse al diálogo y de sumar todas las voces, incluyendo las críticas, para construir junto al Presidente el país que soñamos y merecemos.

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