Las personas jornaleras y el COVID 19: semáforo en amarillo
La irrupción global de la pandemia por COVID 19 tomó por sorpresa a varios países, y con ello, a distintos grupos sociales que viven en permanente situación de vulnerabilidad.
José Eduardo Calvario Parra. Profesor-investigador Cátedras Conacyt, adscrito a El Colegio de Sonora.
La irrupción global de la pandemia por COVID 19 tomó por sorpresa a varios países, y con ello, a distintos grupos sociales que viven en permanente situación de vulnerabilidad. En estas líneas quisiera referirme a los/as trabajadores/as que día a día laboran en los surcos a lo largo y ancho de nuestro país. En el contexto del COVID 19, la actividad agrícola es considerada estratégica pues garantiza el suministro de alimentos; no obstante, antes de la pandemia, las condiciones laborales y de vida de las personas jornaleras han sido de una alta precarización laboral y de carencias sociales. Según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), reconocen poco más de dos millones de personas jornaleras, y poco más de ocho millones al sumarle sus familias en todo México. Miles de jornaleros/as residen permanente o temporalmente en los estados receptores del noroeste o centro del país.
Regularmente se contratan por medio de acuerdos verbales y por un período determinado, por ende, no cuentan con seguridad social y otras prestaciones que por ley tienen derecho. En dicho sentido, 93% y 91% no cuentan con contrato formal y acceso a servicios de salud, respectivamente. Además, los salarios son fluctuantes porque dependen de la modalidad del trabajo, por ejemplo en el mejor de los casos, en los campos agrícolas de La Costa de Hermosillo, pueden percibir hasta 230 pesos al día pero sin ningún tipo de prestación social. La CONASAMI registra que el 33% de los/as trabajadores/as agrícolas ganan menos de un salario mínimo. En este contexto, los efectos de la pandemia en las familias jornaleras pueden ser catastróficos en una eventual propagación del COVID 19 en las zonas agrícolas de nuestro país.
Las respuestas por parte de las autoridades de los campos agrícolas han sido variopintas. Algunos campos (viñedos o ranchos) han implementado medidas de detección de síntomas al inicio de la jornada laboral; otros se han limitado a pláticas informativas sobre el COVID, pero pocos han reparado en las barreras lingüísticas que impiden que algunos trabajadores/as entiendan las disposiciones simplemente porque hablan muy poco español. Si bien se hace hincapié en la sana distancia dentro de los espacios laborales, los medios de transporte resultan inadecuados pues el amontonamiento es inevitable por la cantidad de trabajadores/as. Es legítimo que los dueños de los campos agrícolas procuren maximizar ganancias y minimizar costos, y que pongan especial interés en salvaguardar la cosecha e incentivar la acumulación del capital regional. No obstante, las medidas tomadas para la prevención del COVID 19 en los espacios laborales sin decir que son erróneas pero si incompletas pues no realizan promoción a la salud ante la pandemia. Es decir, hace falta programas de prevención en los espacios de vivienda, el impulso de acciones que mejoren la salud de las personas jornaleras en el aspecto nutricional, el saneamiento de los dormitorios, baños, comedores, acceso al agua potable; así también el monitoreo de signos y síntomas de personas en estos espacios.
En paralelo, es también importante que las localidades agrícolas (en Sonora, por ejemplo Miguel Alemán, Estación Pesqueira, Poblado Morelos “La Atravesada”, La Y griega) cuenten con las capacidades institucionales para responder de manera oportuna a posibles brotes epidémicos en la región, y dichas capacidades implican una mejor coordinación entre las autoridades de salud de los tres niveles de gobierno.
Se sabe que recientemente (5 de mayo) ocho trabajadores agrícolas dieron positivo al COVID 19, según el vocero de Salud del gobierno del estado de Sonora. Sabemos que históricamente estas comunidades agrícolas han sido abandonadas por distintos gobiernos, en la actualidad muchas de ellas aún siguen experimentando deficientes sistemas de servicios públicos, una inseguridad exacerbada e insuficiente cobertura de atención a la salud.
Recientemente la Secretaria del Trabajo y Prevención Social del gobierno federal ajustó una guía previamente elaborada que adolecía de varios puntos. Gracias a voces de la sociedad civil se logró introducir aspectos no contemplados pues dicha guía se centraba exclusivamente en los espacios de trabajo, y en la nueva del 22 de abril se introdujo la consideración de otros como la vivienda, los dormitorios y los comedores.
Por lo pronto, es menester seguir articulando los esfuerzos desde la sociedad civil, autoridades y otros actores sociales. Se avecina una crisis económica pronunciada a nivel global, y poco se sabe sobre los efectos sociales y de reorganización de los modos de producción hasta ahorita vigentes. Conviene encaminar esfuerzos a sectores que viven permanentemente en situación de desigualdad, y por ende, de vulnerabilidad social. Las personas jornaleras claman atención de todas y todos; el campo, las comunidades y las familias rurales merecen que los volteemos a verlos no solo porque son factores decisivos para la producción de alimentos sino por simples razones humanitarias.
