La consulta por los aeropuertos y la democracia participativa en el próximo sexenio

Ahora, el gobierno entrante tiene dos alternativas: a) continuar con la construcción del NAICM en Texcoco, o b) detener esta obra y construir dos pistas y un nuevo aeropuerto en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, que operaría junto al aeropuerto Benito Juárez. Cada una de estas opciones tiene puntos a favor y en contra que fueron presentados a la ciudadanía por el próximo titular de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y por el mismo AMLO en un mensaje televisivo. Esta información se complementa con varios informes y dictámenes técnicos elaborados por investigadores mexicanos e internacionales.

Luego de admitir que los dos proyectos tienen grandes inconvenientes, el presidente electo le pidió ayuda a la ciudadanía para escoger la opción "menos mala" sobre “este asunto complicado y difícil que heredamos, pero que tenemos que enfrentar de la mejor manera posible”. Parafraseando al Quijote, AMLO convocó al pueblo de México para “que nos ayuden a desfacer entuertos”. Para él, esta decisión le compete a todos los mexicanos porque tiene que ver con el presupuesto nacional y ese dinero es de todos. El mecanismo propuesto por el gobierno entrante es una consulta popular vinculatoria que está prevista para fines de octubre.

Este llamado a la ciudadanía constituye un gran desafío debido a la relevancia de la decisión, al nivel de información que se requiere para votar con responsabilidad, a la cantidad y complejidad de las variables en juego, y al poco tiempo disponible para las fases de educación y deliberación. Un dato significativo a tener en cuenta para la fase deliberativa de esta consulta es un dictamen de MITRE, un centro de investigación y desarrollo aeronáutico que depende del Massachusetts Institute of Technology (MIT), según el cual la segunda opción es inviable porque sería imposible la operación simultánea de los aeropuertos Benito Juárez y Santa Lucía. Como hay técnicos que están en desacuerdo con esta conclusión, el gobierno tiene intenciones de encargar un segundo estudio a otra agencia internacional de prestigio. Los resultados de este estudio se conocerían dentro de unos cinco meses, bastante después de concluida la consulta popular. Esto es problemático y riesgoso. Problemático porque la ciudadanía deberá optar por uno de los dos proyectos sin saber a ciencia cierta si uno de ellos es viable. Riesgoso, porque si gana el segundo proyecto y el estudio internacional confirma los datos de MITRE, el gobierno se vería obligado a desconocer la voluntad popular, lo cual generaría desconfianza pública hacia la democracia participativa. Esto es relevante porque el gobierno entrante ha proclamado en múltiples ocasiones su intención de promover la democracia participativa, y ha traducido ese compromiso en la creación de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles. Siendo éste es el primer ejercicio democrático del nuevo gobierno, deberían tomarse los recaudos para una implementación exitosa. De ello dependerá el grado de aceptación de futuras consultas sobre otros temas en los próximos años.

Estas futuras consultas tendrán mayor probabilidad de éxito si se cumplen una serie de requisitos básicos. Por razones de espacio, mencionaremos sólo algunos. El primero es que se sepa desde el principio si la decisión será vinculatoria o no. El segundo es una pregunta clara (el referendum de Quebec de 1995 llevó al parlamento canadiense a promulgar la Ley de Claridad). Un tercer requisito es la disponibilidad de información relevante, veraz, objetiva, accesible y equilibrada. Otro requisito es la existencia de procesos educativos y espacios deliberativos para que el público considere seriamente los argumentos a favor y en contra de cada propuesta y los consiguientes equilibrios (‘trade-offs’). Un quinto requisito es que todos los que serán afectados por la decisión tengan la oportunidad de expresarse. Otro requisito es que el voto sea transparente, y que si el proceso no es vinculatorio la gente sepa que ocurrió con sus recomendaciones.

En el próximo sexenio, las consultas populares tradicionales también podrían complementarse con otras metodologías participativas como los preferendums o los jurados ciudadanos, entre otras. El preferendum es un referendum con más de dos opciones, y es útil cuando la complejidad del tema no se reduce fácilmente a un sí o un no. Empleadoregularmente en Suiza y con menos frecuencia en otros países, el preferendum permite a los ciudadanos expresar sus preferencias en orden de importancia. En los jurados ciudadanos se pueden encontrar modelos tradicionales e innovadores (como las asambleas ciudadanas canadienses y las revisiones de iniciativas ciudadanas de Oregón) pero la mayoría comparte ciertos elementos, entre ellos la selección aleatoria de los participantes (con muestras estratificadas), la deliberación sobre un asunto de interés público, la cuidadosa consideración de los argumentos a favor y en contra, la invitación a representantes de las distintas posiciones a exponer sus posiciones, la asesoría de expertos neutrales de universidades o centros de investigación, y la presentación de un breve informe con conclusiones y recomendaciones a las autoridades competentes y al resto de la población. Además de Canadá y Estados Unidos, los jurados ciudadanos se han utilizado en países como Australia, India, Inglaterra, Alemania, Estonia, Irlanda, Suecia, Nueva Zelandia y Mali para analizar una gran variedad de temas, desde reforma energética, gestión de residuos, financiamiento de partidos políticos, salud pública y sistemas electorales hasta desarrollo urbano, salud mental, reforma constitucional, transgénicos, legalización de la marihuana, educación bilingüe y pensiones. Normalmente los jurados ciudadanos son abiertos al público y todas las sesiones son filmadas para garantizar confiabilidad y transparencia.

Más allá de estos dos modelos, actualmente existe una vasta experiencia acumulada sobre muchos procesos innovadores de democracia participativa, tanto en México como en el resto del mundo. En el próximo sexenio, la Subsecretaría de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles, en cooperación con el resto de la sociedad, tendrá la misión de adaptar esas innovaciones a contextos y temas específicos, de combinarlas de forma creativa y efectiva, y de generar modelos nuevos. Le deseamos lo mejor en esta tarea que se avecina.

*Profesor, School of Social Transformation and the School of Public Affairs; Director, Participatory Governance Initiative, Arizona State University. Se ha especializado en la dimensión educativa de la democracia local, con foco en presupuestos participativos.