Envejecer y no ser una carga: Día Internacional de las Personas Mayores

El reconocimiento de las personas adultas como sujetos titulares de derechos -y no como objeto de asistencia- es relativamente reciente en México; en el 2002 se promulgó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con la que se reconoce el derecho a una vida con calidad, libre de violencia, derecho al acceso a servicios de salud, acceso a la educación, al trabajo en igualdad de oportunidades, a contar con una vivienda digna y adaptada a sus necesidades, derecho a participar en la vida política, cultural, deportiva y recreativa de su comunidad, entre otros.

En el 2007 Sonora promulgó su Ley de los Adultos Mayores, reconociendo las obligaciones de las autoridades del Estado, de la sociedad y las familias de atender las necesidades y garantizar los derechos de las personas de 60 años y más. Estos instrumentos legales constituyen un avance, pero los especialistas en el tema de la Vejez concuerdan en el reto de nuestro país de transitar de las normas jurídicas a una realidad de vida en igualdad, dignidad, independencia y autorrealización para todas las personas mayores, independiente de su género, su origen étnico, su posición social o su ubicación territorial.

Preocuparnos y ocuparnos de las condiciones de vida, trabajo y participación de las personas mayores nos debe implicar como sociedad completa, pues constituyen un grupo poblacional que por su magnitud, contribución y valor social es indispensable para el desarrollo del país.

En Sonora una de cada cuatro familias cuenta al menos con una persona mayor de 60 años y esa proporción seguirá creciendo. Si bien la población general del estado se considera predominantemente joven, con una edad media de 28 años, las personas mayores constituyen el 9% del total poblacional y las estimaciones de CONAPO (2006) anuncian que para el 2050 serán una cuarta parte de la población estatal. Dentro de 30 años una de cada cuatro personas sonorenses tendrá 60 años o más. ¿Se está preparando el estado y la sociedad para las presiones que esto traerá a los sistemas de salud, de pensiones, de seguridad social, al mercado de trabajo y a los sistemas de apoyo familiar?

La respuesta a esta pregunta suele ser no. Las políticas públicas en materia de envejecimiento se reconocen fragmentadas y sectorizadas en áreas consideradas de asistencia básica (salud, apoyo alimentario, transferencias de recursos económicos); refuerzan la condición de las personas mayores como consumidoras pasivas de programas, más que de participantes activas, decisoras de políticas; están focalizadas en los llamados grupos vulnerables (los más pobres y los más envejecidos) en lugar de tener un carácter universalista como se esperaría de una política de derechos; y poco están contribuyendo a la desestigmatización de la vejez como etapa de improductividad, deterioro físico y cognitivo, dependencia y retiro social.

Sonora, como gran parte del país, enfrenta condiciones de envejecimiento poblacional que constituyen retos sociales urgentes: 7 de cada 10 personas mayores vive en zonas urbanas, mientras que el resto lo hace en zonas rurales de baja densidad poblacional; las mujeres sonorenses viven en promedio 5 años más que los hombres, con una esperanza de vida de 78 años; sin embargo, lo hacen en condiciones de salud precarias, que se expresa en el incremento de enfermedades crónicas y de dependencia funcional; 46 de cada 100 hombres y 11 de cada 100 mujeres mayores participan en alguna actividad económica, pero sólo el 35% de las personas mayores cuenta con una pensión o jubilación como prestación laboral (INEGI, 2013). Es apenas un asomo de la vejez que nos espera a la vuelta de la esquina. ¿Cómo queremos vivirla? Tenemos ya que pensar y trabajar en ello.

*Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales de El Colegio de Sonora. Generación 2018-2021. Línea Estudios en Salud y Sociedad