Y se prendieron las alarmas en la 4T

El martes pasado a las 2 pm, cuando el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea decretaba un "receso" a la sesión donde se discutía la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, para continuarlo y votar hasta hoy jueves, en apariencia se cumplía lo que el mismo ministro había anticipado a sus pares desde el inicio de esa sesión: que terminaría dos horas después del mediodía; pero en el fondo lo que estaba ocurriendo es que en el momento que el ministro Juan Luis González Alcántara perfiló su voto en contra del proyecto que declara constitucional esa ley, se encendieron todas las alarmas de la 4T porque sin el voto de González Alcántara, el proyecto iba a ser rechazado por 8 votos y la ley automáticamente sería inconstitucional.

Ya habían adelantado sus posiciones la ministra ponente (y militante) Loretta Ortiz, y el ministro Javier Laynes Potisek que iba en contra, con lo que, a partir de ese momento los números ya no le daban al bloque "pro4T" para llegar a los 4 ministros necesarios para que se validara el proyecto de constitucionalidad del nuevo modelo eléctrico estatista del presidente López Obrador. Porque sin el voto del ministro Juan Luis, sólo quedarían 3 votos seguros a favor del proyecto: el de la ministra Loretta, de la ministra Yasmín Esquivel y muy probablemente el del ministro Zaldívar, y eso abría la puerta a que una mayoría de 8 ministros desechara el proyecto de constitucionalidad e invalidara definitivamente la Ley de la Industria Eléctrica, lo que sería un revés en toda forma al Presidente.

Por eso desde la tarde del mismo martes y ayer, en la víspera de la sesión que hoy se reanuda, las presiones desde Palacio Nacional en contra de los ministros, sobre todo los propuestos durante este gobierno, arreciaron con todo y se sumaron a las otras presiones que también están enfrentando los máximos juzgadores del país desde la oposición a la ley eléctrica e incluso desde gobiernos extranjeros que defienden las inversiones de sus empresas en ese sector.

El mismo presidente López Obrador lanzó ayer todo su aparato de poder y de presión política para tratar de "convencer" a los ministros que considera afines para que no le rechacen su ley eléctrica ni se la tachen de inconstitucional, porque de lo contrario, con el negro panorama que se ve en la Cámara de Diputados para la reforma constitucional en materia eléctrica, se le cerrarían todas las puertas al modelo eléctrico estatizador que para el Presidente es de máxima prioridad.

Varios integrantes de la Corte nos confirman que han desfilado por sus oficinas los dos bandos que se disputan la guerra por el control eléctrico: lo mismo legisladores de oposición y del oficialismo de las dos Cámaras del Congreso, que empresarios, inversionistas y personas de la Consejería Jurídica de la Presidencia y de la Segob, todos tratando de "convencer" a los juzgadores de la Suprema Corte de que su posición en el tema eléctrico es la que más le conviene al país.

Anoche una fuente cercana al gobierno federal nos aseguraba que "hoy van a sacar la constitucionalidad de la ley" y que los 4 votos que necesita la 4T para que su Ley de Industria Eléctrica quede vigente, "ya están amarrados".

Así que llegó la hora de la verdad en el debate eléctrico, convertido ya en una guerra política e ideológica en la que incluso el gobierno de EU mueve sus tentáculos de poder y cabildeo para tratar de influir en las dos votaciones que definirán el tema de fondo: si el sistema eléctrico nacional vuelve al control monopólico estatal, a través de la CFE, o si se mantiene el modelo mixto de inversión pública y privada en la generación de energía eléctrica. Y detrás de todo ello están los temas más sensibles como son el uso de energías fósiles y contaminantes o la apuesta por energías limpias, junto con el asunto que más le importa a los ciudadanos y del que menos se compromete en este debate: las tarifas justas y accesibles para que todos tengan acceso a energía barata, limpia y eficiente.