Deconstruyendo a Peña

Falta un mes para que acabe la actual administración y pareciera que al presidente electo le corre prisa no sólo por mandar la señal a sus 30 millones de votantes de que cumplirá con sus promesas de campaña y con el mandato claro que le dieron las urnas de hacer un cambio total en la política y la vida pública, algo que al entender del presidente electo pasa por desmantelar todo lo que huela al peñismo, desde obras de infraestructura, como el aeropuerto en Texcoco, hasta reformas como la Educativa y la Energética.

El proceso que ya ha iniciado López Obrador, aún antes de tomar posesión del cargo, deja claro que, como a ningún presidente en la historia del país, a Peña y a su sexenio lo van a someter a una especie de deconstrucción, un desmontaje de casi cualquier idea, obra o concepto que haya sido planeado y ejecutado como “herencia” o “legado” del mandatario mexiquense.

A diferencia de las ya conocidas y comunes rupturas sexenales —del país que se reinventa y vuelve a comenzar cada seis años según la visión del presidente en turno— lo que el nuevo grupo gobernante ha comenzado a hacer con la administración peñista, en los últimos cuatro meses de esta larga y absurda transición, es una lenta pero efectiva difuminación de las huellas de este gobierno y de su titular.

Parte de eso se explica por las diferencias políticas abismales, en conceptos y estilos de gobernar, entre López Obrador y Peña Nieto, pero la principal razón es que el presidente entrante sabe muy bien que más de la mitad de sus votantes (unos 17 millones) que no eran parte de su voto duro, le dieron el sufragio y las mayorías en el Congreso no sólo como un “bono democrático” sino también como una forma de rechazar y castigar a su antecesor y a su grupo gobernante, con todo lo que según los datos medidos en encuestas, irritaba a los mexicanos del actual gobierno: corrupción, impunidad, frivolidad, tráfico de influencias, excesos y gastos onerosos, gobierno proempresarial y fracaso en la seguridad y la violencia.

Por eso la prisa del electo por empezar a dar los pasos para desmontar el sexenio que aún no termina, algo que además le está siendo relativamente fácil; primero por sus altos niveles de aprobación (72.5%), pero también le ayudan en ese desmantelamiento la debilidad y la apatía que muestran Peña Nieto y sus cercanos en sus últimos días de gobernante, donde después del 1 de julio el presidente en funciones se hizo a un lado, le cedió toda la escena pública y política a su sucesor y, hablando boxísticamente, tiró la toalla.

¿O alguien entiende por qué, aunque ya habían perdido, Peña y los suyos nunca salieron en estos últimos meses a dar la pelea por su principal obra del sexenio que era el megaaeropuerto en Texcoco o por qué no defendieron con argumentos y debate el desmantelamiento de sus principales reformas, ni siquiera por qué no se defendieron ellos mismos ante la evidente estrategia para desdibujarlos?

Tal vez no hubo ánimo, tal vez se les acabaron los argumentos, o tal vez, como en la famosa escena de esa película de superhéroes, el presidente saliente y sus amigos y colaboradores más cercanos supieron que nada podrían hacer ante la fuerza de Tanos que con sus gemas de 30 millones de votantes los fue difuminando, desintegrando y desapareciendo poco a poco de la faz de la República.

NOTAS INDISCRETAS…

El empresario Juan Pablo Carranza, quien aparece mencionado en la denuncia puesta por maestros del SNTE en contra del dirigente magisterial Juan Díaz de la Torre, asegura que “como socio de Kubo Maestro pone a la vista de este medio y cualquier autoridad toda la documentación necesaria que acredita que esta empresa jamás ha recibido un peso del SNTE ni ésta le ha emitido factura alguna al sindicato”.

La única relación de Kubo Maestro S.A. de C.V fue formar, con recursos propios, un programa de recompensas para los maestros, programa que después de un año de implementarlo y no contar con los apoyos necesarios, en común acuerdo entre la empresa y el SNTE, se suspendió.

Sobre el supuesto manejo millonario de recursos que le imputan, asegura:

“Es ridículo mencionar un monto de 100 mdp mensual que equivaldría al 80% del presupuesto del SNTE por lo que es una acusación muy poco seria sin pruebas y se está en proceso de presentar una demanda de carácter penal y civil en contra de quien resulte responsable de daños y falsedad de declaraciones”.

O sea que la guerra entre Elba y Juan Díaz por el SNTE también se va a tribunales…

Paran los dados.

Capicúa.

Repetimos el tiro.