Lucha entre poderes en la 4T
A 48 horas del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Poder Judicial de la Federación (PJF) comenzó una batalla jurídica y constitucional para defender su independencia y autonomía "de los intentos de Morena por intervenir en la organización interna y en su funcionamiento" que consideran violatorios a la división de poderes consagrada en la Constitución y en los Tratados y Convenciones internacionales de las que forma parte el Estado mexicano.
Un documento interno de la SCJN y del Consejo de la Judicatura, en el que se delinea parte de esa estrategia que va a provocar una guerra entre poderes en el inicio del nuevo gobierno, establece que: "El fondo de la discusión es la independencia del Poder Judicial y los límites de otros poderes para intervenir en la vida interna del PJF, no es un tema de salarios. El rubro salarial es sólo la primera materialización de estas intervenciones (se suman otras propuestas como la rotación, criterios de paridad de género, aplicación de controles de confianza)".
En lo que representa una estrategia conjunta de todo el Poder Judicial federal, a la que se están sumando otros organismos federales autónomos como la CNDH, lo que se busca es dar la batalla contra los otros Poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena, porque según ministros, jueces y magistrados, lo que hay detrás de esas iniciativas "es un intento de sometimiento y control al Poder Judicial".
La primera acción de esa defensa son los amparos en contra de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que obliga a disminuir y poner tope a los ingresos salariales de los ministros, magistrados, jueces y otros funcionarios judiciales. Hasta este momento se ha interpuesto ya 77 demandas de amparo colectivas contra esa ley, con un total 331 quejosos, de los cuales 94 son magistrados, 100 jueces y el resto otros funcionarios del Poder Judicial.
Además está la "acción de inconstitucionalidad" contra esa misma Ley promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Todos esos amparos e impugnaciones serán atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que revisará el asunto no como un tema salarial, sino como un asunto de constitucionalidad o no de la Ley de Remuneraciones aprobada por el Poder Legislativo federal.
Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación presentó otra gran demanda colectiva de amparo, para lo cual esa asociación civil ha circulado entre sus miles de integrantes en todo el país una "demanda de amparo modelo" que elaboró una comisión redactora, en la que se propone combatir diversas leyes e iniciativas de reformas legales y constitucionales por parte del Congreso de la Unión y de diversos legisladores por estimarlas violatorias de la independencia y autonomía del Poder Judicial.
Se espera también que en los próximos días la mayoría de los Tribunales Superiores de Justicia de los 31 estados del país interpongan sendas controversias constitucionales contra la citada Ley, también con el argumento de que viola la Constitución y la independencia del Poder Judicial no sólo federal sino también de las entidades federativas.
Una vez que todos esos recursos lleguen finalmente a la Suprema Corte de Justicia, que ya atrajo el primer amparo otorgado a una magistrada de Sinaloa para resolver el fondo del tema de la constitucionalidad, se decretaría la suspensión de la aplicación de la legislación que empezaría a aplicarse a partir del inicio del 1 de diciembre, en el gobierno de López Obrador, lo cual significa que se suspendería la reducción de salarios y la aplicación de sanciones penales a aquellos funcionarios que ganen más de 108 mil pesos mensuales, hasta en tanto se defina si la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos es o no constitucional y si el Poder Legislativo al aprobarla y el Ejecutivo al promulgarla, no violentaron la independencia del Poder Judicial federal consagrada en la Carta Magna y en tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
Y ya en un caso extremo, si hubiera una intervención directa del Ejecutivo o el Legislativo, que buscará desconocer o atentar contra la Corte con una disolución o vulnerar la independencia de los jueces, el asunto podría ser llevado con denuncias hasta instancias internacionales de la ONU para exigir respeto a la autonomía de los jueces y acusando al gobierno mexicano de violar tratados y convenios internacionales, dice la ruta trazada por los jueces, ministros y magistrados en la batalla por defender su independencia.
Salvador Garcia Soto
