¿Hasta dónde llegará el choque de poderes?

Tal como se pronosticaba, la ruta de colisión entre los Poderes de la Unión, en la era de la Cuarta Transformación, finalmente está a punto de provocar el primer gran choque. El enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial —con el Poder Ejecutivo del lado de los legisladores— por la suspensión ordenada por la Suprema Corte de la Ley de Remuneraciones es apenas el inicio de un conflicto político que puede terminar poniendo en jaque el orden constitucional en la República.

Porque aunque en el discurso político, que permea muy fuerte a nivel popular, esta confrontación entre Poderes se simplifique como una diferencia que se reduce al tema de los sueldos, en donde el Poder Judicial es expuesto como el villano que defiende sus privilegios por sus altísimos pagos y compensaciones y se niega a aceptar la austeridad que le quieren imponer los Poderes Legislativo y Ejecutivo, en el fondo el tema es mucho más complejo y tiene que ver no sólo con una batalla de constitucionalidad, sino con una estrategia de fuerza en la que dos de los poderes ya controlados por la nueva fuerza política hegemónica, Morena, intentan doblegar y someter al único poder que hoy no está bajo el control del nuevo proyecto político gobernante.

El escenario en pleno fin de año no se ve fácil. Primero porque viene la aprobación del Presupuesto 2019 y será ahí donde se producirá el primer choque frontal en esta guerra de poderes cuando la Cámara de Diputados, respaldada por la mayoría del Senado, y por el Ejecutivo, decidan mantener la reducción de salarios para todos los funcionarios públicos, incluidos quizás los del Poder Judicial, por debajo del tope de los 108 mil pesos a los que obliga la impugnada Ley de Remuneraciones, aún a pesar de la suspensión otorgada por la Corte en la que específicamente se pide dejar fuera del documento y la proyección de los egresos federales para el próximo año dicho recorte salarial hasta que se defina si la citada ley es o no constitucional.

Y ahí, si se mantiene el abierto desafío del Legislativo a los ministros de la Corte, anunciado y azuzado por los dos coordinadores de la mayoría de Morena, Mario Delgado y Ricardo Monreal, con el argumento, de enorme aceptación popular, de que "los jueces y magistrados no pueden ser juez y parte" y que trata de un claro "conflicto de interés" en el que los juzgadores federales no pueden conocer de un asunto que involucra directamente a su interés y sus salarios, la respuesta del Poder Judicial pudiera ser una acusación de "desacato" en contra de la Cámara de Diputados por no atender la suspensión dictada según la Constitución.

Si eso ocurre podríamos terminar el año y comenzar el próximo en medio de una batalla política, mediática y constitucional entre dos de los tres poderes del Estado mexicano, mientras el tercero, el Ejecutivo, claramente toma partido a favor de los legisladores y cuestiona abiertamente la integridad de los jueces y magistrados que "defienden sus privilegios por encima del interés del pueblo". Todo eso en medio de la inminente renovación de un ministerio de la Corte para el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha propuesto una terna con tres juristas claramente cercanos y hasta incondicionales a su proyecto político, porque dos de ellas, Celia Maya y Loreta Ortiz, son militantes abiertas de Morena, mientras que el magistrado José Luis Alcántara tiene claros nexos con la nueva clase gobernante.

Lo más grave de todo, cuando se produce este choque entre los tres poderes que integran la República, es que ya se escuchan versiones de que el conflicto podría escalar tanto que de un lado, el de los jueces y magistrados planean llevar el problema hasta instancias internacionales para defenderse de lo que dicen es un embate para allanar al Poder Judicial, mientras que del otro lado, desde el Legislativo y el Ejecutivo se azuza, con aceptación entre la gente, la idea de que si un Poder como el Judicial "está podrido" más valdría una reforma constitucional para desaparecerlo en su actual conformación y dar paso, ya sea a una nueva Corte suprema integrada por ministros más afines al proyecto gobernante (repetir el "Zedillazo" a la Corte de 1995) o de plano un nuevo Tribunal Constitucional para lo cual ya hay proyectos y hasta propuestas de reforma que se preparan en el nuevo gobierno de López Obrador.

Se viene un fin de año agitado para la República y sus poderes formales.

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