El fiscal Gertz y su primera prueba

La mayoría constitucional que con el voto de todos los partidos en el Senado aprobó el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República confirma la enorme expectativa que se tiene no sólo sobre la nueva institución que deberá reformar y despolitizar la procuración de la justicia en México, sino también sobre el personaje elegido como el primer titular de la nueva Fiscalía.

No fue menor que, tras 4 años de desencuentros, confrontaciones y pleitos políticos enconados entre los actores encargados de realizar esta designación, finalmente se haya llegado a un consenso mayoritario que, en buena medida, obedeció a la figura de Gertz, su trayectoria y experiencia en las áreas de seguridad y procuración de justicia y la imagen de confiabilidad que proyecta que, sumado a su condición de funcionario no militante de ningún partido y que ha colaborado con gobiernos de distinto signo político, terminó por facilitar el acuerdo de las fuerzas políticas en el Congreso.

Porque el ahora fiscal no comenzó la carrera por esta posición como el favorito, aunque su condición de encargado de despacho de la PGR lo ubicaba sí como uno de los que claramente estarían en la terna final, sin ser el más cercano en afectos y en cercanía política de Andrés Manuel López Obrador.

Quizás fue esa fue su mayor ventaja y lo que al final también jugó en su favor: que a diferencia del doctor Bernardo Bátiz, compañero de viaje del hoy presidente desde el gobierno de la Ciudad de México o de la magistrada Verónica de Gyves, amiga personal del mandatario y su familia, a Gertz se le vio sí como un integrante del nuevo gobierno, pero más por sus cartas curriculares que por ser un militante lopezobradorista.

Esa ventaja hoy volverá a ser clave para el fiscal Gertz en su primera gran prueba de fuego.

La primera investigación que ha iniciado la Fiscalía a su cargo, del terrible accidente en un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, la tarde del viernes pasado, cuyo incendio y explosión costó la vida hasta ahora a 96 personas y heridas por quemaduras graves a 68, representa un caso en el que se medirá la eficiencia y la imparcialidad de la nueva institución, con todo y las limitaciones que aún enfrenta, pero también el grado de autonomía con el que actuará su titular.

La coincidencia de que esa tragedia social y humana haya ocurrido el mismo día y casi a la misma hora en que el nuevo fiscal rendía protesta de su cargo en el Senado, representa también una extraordinaria oportunidad para probar de qué está hecho el nuevo fiscal.

Porque si bien en su larga trayectoria ha dado muestras de su talante y capacidad, Gertz Manero enfrenta ahora un reto totalmente inédito: su actuación, sus decisiones y su manera de conducirse en una posición en la que es el primero en la historia y en una institución en la que los mexicanos tienen depositadas tantas expectativas y esperanzas para cambiar la forma imperante, ineficiente, corrupta y politizada, de procurar y administrar la justicia en México, hacen que todas las miradas de la sociedad estén puestas en sus primeras actuaciones.

El fiscal ha dicho hasta ahora que no dudará en ejercer su autonomía constitucional y que llamará a declarar ante el Ministerio Público “a todas las autoridades que estuvieron involucradas o actuaron en los hechos que desencadenaron la tragedia” en Hidalgo.

Y más aún, ayer en entrevista radiofónica comentó a este columnista que la próxima semana, a escasos diez días de los lamentables hechos que costaron vidas humanas, emitirá “un primer reporte” de las indagatorias realizadas por la Fiscalía para deslindar si hubo algún tipo de responsabilidades de alguna autoridad de los distintos niveles de gobierno en la explosión que causó la muerte de casi 100 personas.

De ocurrir ese primer avance en tan corto tiempo en la investigación de la Fiscalía, estaríamos ya ante un primer cambio en relación a las largas, tardadas y opacas indagatorias que eran usuales en la extinta PGR; la otra parte que nos dirá si ese cambio es en el sentido que espera la población será el contenido de lo que se informe en esta primera parte sobre lo ocurrido el viernes pasado en la localidad de San Primitivo.

Luego vendrán muchas otras pruebas importantes para la Fiscalía y su titular, que tienen que ver con el tratamiento y la forma en que retomarán investigaciones emblemáticas que fueron obstaculizadas y hasta encubiertas por el último encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, y por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto: el caso Odebrecht, donde ahora en el colmo de la ineptitud y el tortuguismo de la justicia mexicana, hasta la firma brasileña demanda al gobierno de México ante la CNDH “por obstaculizar las investigaciones de corrupción” que ellos mismos denunciaron en su empresa y que en otros países sí han prosperado; los desvíos millonarios de programas sociales a través de empresas fantasma documentados en el Sedesol, Sedatu y 11 dependencias federales más en la llamada “Estafa Maestra”; y por supuesto la fallida investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por mencionar sólo algunos de los miles de expedientes que la pasada administración encubrió para obstaculizar la justicia y encubrir a personajes ligados al grupo político del ex presidente.

¿Cómo saldrá de todas esas pruebas el primer fiscal general? .

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