POR MÁS que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, aseguró que la rebelión de agentes de la Policía Federal que no quieren irse a la Guardia Nacional se debe a la “desinformación”, varios agentes tienen “otros datos”.

Y ES QUE su molestia tiene que ver con el hecho de que les dieron a firmar su baja de la corporación policiaca y, a cambio, les presentaron un documento para darse de alta en la Guardia pero que sólo abarca un periodo de dos años.

ES DECIR, les dan una especie de “contrato temporal” que no les da seguridad de mantener su empleo más allá de julio del 2021.

De ahí que se estén organizando para interponer amparos colectivos e insistan en convocar a un paro nacional.

TODO INDICA que el conflicto al interior del nuevo cuerpo de seguridad al que la administración federal le está apostando para combatir a la delincuencia no será algo menor y que, además, va para largo.

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PODRÍA verse como algo simplemente irónico si no fuera tan preocupante la diferencia de criterios para tratar a los servidores públicos que se aplican en estos tiempos de la Cuarta Transformación.

MIENTRAS los policías federales se enfrentan a la obligación de ser evaluados como condición para poder formar parte de la Guardia Nacional, la contrarreforma educativa impulsada por el gobierno federal liberó a los profesores de las evaluaciones obligatorias.

La gran duda que surge es por qué el doble rasero.

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TRAS la tregua pactada entre Andrés Manuel López Obrador y la IP para negociar el conflicto entre la CFE y las empresas desarrolladoras de gasoductos, los dos bandos ya tienen listos a sus representantes.

POR EL gobierno estará el secretario particular del Presidente, Alejandro Esquer, y por las firmas constructoras irá Pedro Reséndez, experto en resolución de disputas por proyectos de infraestructura.

QUIEN quedó fuera de la mesa de negociación fue el director de la CFE, Manuel Bartlett.

¿Será que le pidieron mejor no ir para no complicar más las cosas?

Es pregunta que da toques.

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SI AYER notaron muy ojerosos a varios integrantes del Gabinete de Seguridad federal, seguramente se debió a que pasaron la noche en vela -literal- en contacto con la Policía y la Fiscalía de Quintana Roo, entidad que gobierna Carlos Joaquín González.

SIN MÁS, la instrucción fue encontrar a como diera lugar y cuanto antes a los 27 trabajadores retenidos en esa entidad para evitar que en este gobierno se diera “un Ayotzinapa”... ¡literal, también!