AUDIO | Sindicalizados protestan por fuera del Instituto Nacional de los Pueblos Indigenistas

a52960dd 5a10 4d4f 82d6 84b31ec4fa89HERMOSILLO, SON.- Trabajadores sindicalizados de la representación estatal del Instituto Nacional de los Pueblos Indigenistas (INPI), se manifestaron al exterior de la dependencia federal en demanda de incremento salarial y mejoras a las condiciones laborales.

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Denunciaron malos tratos de Judith Terrazas Espinoza, encargada de despacho de la dependencia federal.

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Al respecto Luis Jesús Palma Murillo, dirigente estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores Indigenistas, expuso que el gremio lleva a cabo un proceso de revisión salarial y contractual en la que a nivel nacional mil 305 trabajadores emplazaron a huelga al INPI para el 1 de julio; exigen incremento salarial del 10% y respeto a sus derechos laborales.

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“Al momento de conciliar con la parte patronal el personal que están mandando del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a las conciliaciones, para empezar es personal que no tiene la capacidad para decidir, no hay un interés por llegar a algún acuerdo, no nos muestran ninguna propuesta o las propuestas que nos muestran son demasiado pobres, son ofensivas”.

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Denunció que los trabajadores de la representación de Sonora, son amenazados y humillados constantemente por la representante Judith Terrazas, quien aseguró no respeta sus derechos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo.

“Como ya vio que puede violentarlo, que puede quebrantarlo nos tiene trabajando bajo condiciones muy hostiles, no tiene sentido humano para trabajar para tratar a la gente. A la par a este emplazamiento estamos haciendo un movimiento pidiendo la remoción, nosotros como sindicato no la podemos sustituir pero si podemos pedir cortar la relación laboral con ella”.

Por último, afirmó que la representante del INPI no respeta periodos vacacionales, dilata la entrega de vales de despensa, los incentivos para madres trabajadoras, acciones que han sido reportadas al Órgano Interno de Control, por esta situación en el 2017 fue denunciada ante la Comisión Estatal de Derechos, sin lograr atención a sus demandas.

exp/red/daw/jun/2019