universidades bienestarCIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), instruyó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a realizar una búsqueda exhaustiva de información presupuestal y de infraestructura de las 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez.

La ponencia en defensa de esta resolución estuvo a cargo del comisionado Joel Salas Suárez, esto luego de que la dependencia educativa negara a un peticionario tener información relativa al proyecto gubernamental de crear una centena de universidades en 31 estados de la República mexicana, donde se ofrecerán 36 licenciaturas e ingenierías de forma gratuita.

Cabe señalar, que el programa "universidades para el bienestar Benito Juárez" tiene como objetivo brindar servicios de educación superior gratuitos y de calidad a jóvenes con bachillerato terminado que no tienen posibilidades de ingresar a las instituciones de educación superior actualmente existentes.

La meta, según información oficial, es incorporar a un total de 300 mil estudiantes a la educación superior a lo largo del sexenio actual y para lograr estos objetivos se disponen de mil millones de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos del 2019.

Los planteles
La distribución de los planteles serán: 11 en Oaxaca, 10 en la Ciudad de México, ocho en Veracruz, seis en Chiapas y Guanajuato respectivamente, el resto de las entidades federativas tendrán entre cinco y dos escuelas.

"El presupuesto del programa está etiquetado en la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, pero la dependencia no la ejecutará directamente, sino que la entregará al Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL), que no está regido por las obligaciones presupuestales, ni de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal", aseguró Salas Suárez.

Este es un organismo internacional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios al servicio de los países de América Latina y el Caribe, y que fue creado mediante un convenio de cooperación regional entre la UNESCO y la Organización de Estados Americanos y 12 países de América Latina y el Caribe en el año de 1951.

"Hacer pública la documentación que dé respuesta a lo peticionado es crucial para dar certeza a los beneficiarios y a la población sobre la pertinencia del programa y la calidad de la educación que se impartirá en las universidades previstas", concluyó el comisionado.

EXP/RED/FRU/JUN/2019