Escándalo: Messi y Piqué investigados por corrupción con UEFA y RFEF

En un mensaje de WhatsApp dirigido a Ceferin, Rubiales aseguró que Messi y Piqué insistieron en mantener la operación en secreto para evitar una reacción pública negativa.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Granada ha abierto diligencias previas contra Lionel Messi, Gerard Piqué, Luis Rubiales y Aleksander Ceferin por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias, según informó el medio The Objective.

La investigación se centra en un supuesto esquema de desvío de fondos de la UEFA para compensar la reducción salarial de los futbolistas del Barcelona durante la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con las revelaciones, los jugadores mantuvieron reuniones con el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y con el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, para gestionar la transferencia de recursos. Se estima que la pérdida salarial de los jugadores alcanzó los 50 millones de euros.

El caso llegó a los tribunales tras una denuncia del Sindicato Manos Limpias, que aportó audios filtrados de conversaciones entre Rubiales y Ceferin. En uno de ellos, Rubiales le habría propuesto al dirigente de la UEFA utilizar parte de los derechos de retransmisión de los torneos europeos para ayudar a los jugadores.

En un mensaje de WhatsApp dirigido a Ceferin, Rubiales aseguró que Messi y Piqué insistieron en mantener la operación en secreto para evitar una reacción pública negativa.

Las grabaciones también revelan que el 14 de abril de 2020 se realizó una reunión virtual en la que participaron Messi, Piqué, Rubiales y Ceferin, con el objetivo de cerrar los detalles del desvío de fondos. Posteriormente, Rubiales sugirió a los jugadores enviar una camiseta autografiada a Ceferin como muestra de agradecimiento.

Por ahora, el juez Josep Sola Fayet ha solicitado a los denunciantes que comparezcan en un plazo de cinco días para ratificar la querella y continuar con el proceso judicial. La investigación sigue en curso y podría derivar en acciones legales contra los implicados si se confirma la existencia de delitos penales.