¿Debe imponerse la paridad de género?

La lucha por la paridad de género en las actividades políticas de México data de muchos años atrás, incluso antes de que el presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgara en octubre de 1953 las reformas legales necesarias para que la mujer mexicana pudiera votar y ser votada.

El 14 de noviembre de 1974 la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 4º constitucional en donde se establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, con ello la mujer adquirió legalmente la igualdad de derechos y obligaciones frente al varón.

Posteriormente se realizaron diversos cambios legales a favor de la paridad de género, pero fue el 14 de mayo de 2019 cuando el Senado de la República aprobó reformas a nueve artículos de la Constitución Mexicana que instauran la obligatoriedad del principio de paridad para la elección de funcionarios públicos.

Hoy la paridad de género se debe de observar en la integración del Congreso de la Unión, en los gobiernos estatales y sus congresos, en los ayuntamientos y sus cabildos e incluso en las secretarías del Poder Ejecutivo federal y en las secretarías de los estados.

Las reformas a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 91 y 115 también incluyeron la paridad de género al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que deberá estar integrada por un número balanceado de ministras y ministros.

Lo que no queda todavía muy claro en estas reformas constitucionales de 2019 es la forma de vigilar y en su caso sancionar el incumplimiento de las nuevas leyes de paridad de género en las actividades políticas mexicanas.

En algunos países desarrollados no existen en realidad leyes tan concluyentes que obliguen a imponer un número igual de mujeres y hombres en puestos públicos y de elección. En todo caso lo que se promueve es que ninguna persona por razones de sexo, raza, color, condición social o económica sea impedida de llegar a ocupar un cargo público.

Viene a colación lo anterior porque en días recientes se desató una fuerte discusión en torno a las candidaturas para las nueve gubernaturas que estarán en juego el próximo año en nuestro país.

El pasado 24 de octubre el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó que los partidos deberán entregar a mujeres cinco de las nueve candidaturas de los gobiernos estatales. Todos los partidos aceptaron el dictamen del INE, excepto Movimiento Ciudadano que impugnó la acción ante el Tribunal Electoral.

Esta semana la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la decisión del INE como una medida para favorecer a la mujer en las elecciones de 2024.

No estamos de acuerdo que las autoridades decidan el sexo de los candidatos en un país libre y democrático como el nuestro, sin embargo, entendemos la preocupación y necesidad por fomentar una mayor participación del sector femenino en la vida pública nacional.

Tampoco estamos seguros si mediante la imposición se conseguirá en México una paridad real de género en la política, se corren muchos riesgos incluyendo una lucha estéril entre sexos.

Sería deseable que fueran los partidos quienes a través de sus estatutos y códigos de ética manejen la paridad de género no sólo en las candidaturas sino también al interior de sus organizaciones.

Sin duda en 2024 se pondrán a prueba las leyes de paridad de género aprobadas en 2019 toda vez que en las elecciones presidenciales de cada seis años se incrementa el interés ciudadano y el número de votantes.

Todo indica que el año entrante México contará por primera vez con una mujer en la Presidencia de la República, las virtuales candidatas de las dos coaliciones de partidos más importantes son del sexo femenino pero para que esto ocurriera no fue necesario aplicar ninguna ley de paridad.

De todas formas será interesante conocer el desenlace de las nueve gubernaturas y de cómo procederán los partidos: ¿Acatarán el fallo del Tribunal Electoral? ¿Ganarán más mujeres que hombres en las próximas elecciones? ¿Se ha realizado una evaluación seria y profunda de las diferencias para gobernar de las mujeres y los hombres? ¿Se intentará más adelante imponer la paridad de género en otras actividades laborales?

Qué descaro

No se requiere ser mago para adivinar que el ministro Arturo Zaldívar “amarró” hueso para el próximo sexenio si gana su candidata Claudia Sheinbaum. No se explica cómo un alto funcionario judicial eche por la borda su responsabilidad para entrar a la política. Falta que Zaldívar se lleve una jugosa pensión vitalicia cuando apenas laboró 14 años en la Suprema Corte de Justicia.

José Santiago Healy 

jhealy1957@gmail.com