El legado de Ron Johnson en El Salvador de Bukele (II y última)

El presidente Nayib Bukele ha mantenido en reserva la identidad de sus estrategas de seguridad, al margen de su coordinación con Washington. Lo cierto es que las cinco fases del Plan Control Territorial derivaron en una reducción considerable de los índices de homicidios, robos, extorsiones y otros delitos. En diversas ocasiones, el embajador Ron Johnson saludó los avances de su amigo Bukele, que recibió un país con una de las tasas de homicidios más altas del mundo, 50.3 por cada 100 mil habitantes en 2018. Para 2023, esa tasa bajó a 2.4, con 154 homicidios en total (https://es.statista.com/estadisticas/1337015/el-salvador-tasa-de-homicidios/). Y en todo 2024 hubo apenas 106 homicidios (EFE).

Bukele definió su plan obviando el paradigma de que el crimen es un problema social surgido de la falta de opciones y la pobreza, para combatir a las pandillas en dos escenarios: las cárceles y los centros de las grandes ciudades. 

En junio de 2019, al conocerse la estrategia, Sofía Martínez, consultora experta en seguridad en Centroamérica (https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48698983) la detalló, a saber: 1) Atacar las finanzas de las pandillas; 2) Recuperar los centros de las grandes ciudades, y 3) Cortar la comunicación en las cárceles. 

Sobre el punto 1, Bukele dijo que iba a atacar “a quienes financian a las pandillas, que han sido los mismos partidos políticos”, además de las empresas que blanquean el dinero extorsivo.

En el punto 2, Bukele se concentró en los territorios con más flujo de dinero: los centros históricos donde amplió el despliegue policial, dejando de priorizar los operativos en barrios o comunidades.

El tercer punto fue decisivo, como testimonian los mismos miembros de las maras. Según Bukele, 80% de las órdenes de homicidios y extorsiones salían de las cárceles, por lo que “descabezar” la comunicación fue otra prioridad. Así, hubo reuniones con las empresas de telefonía para bloquear las señales, al tiempo que depuró a los custodios “contaminados por la corrupción”.

En entrevista con El Faro, un exlíder marero que huyó del país dijo a inicios de 2023 que ni siquiera las pandillas menores como la Mao-Mao, La Mirada Locos o Codemar operaban ya en las calles de El Salvador, porque Bukele “logró desestructurar a las pandillas socavando su control territorial, su principal vía de financiamiento y su estructura jerárquica” (https://elfaro.net/es/202302/el_salvador/26691/R%C3%A9gimen-de-Bukele-desarticula-a-las-pandillas-en-El-Salvador.htm). Añadió que, al bloquear los teléfonos, las redes de las bases en los territorios quedaron desconectadas. Y a diferencia de 2015, cuando el presidente Salvador Sánchez Cerén (FMLN) lanzó sin éxito una embestida contra las pandillas, las maras esta vez se quedaron sin orientación para enfrentar al Ejército y la policía. Según el expandillero, para la mayoría de los “soldados” maras de a pie, sus líderes “los vendieron” a cambio de privilegios pactados con Bukele.

En marzo de 2022, tras un fin de semana con 87 asesinatos reivindicados por la Mara Salvatrucha-13, Bukele decretó el estado de excepción y suprimió las garantías constitucionales hasta hoy. 

Según WOLA, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, una conocida ONG dedicada a promover los derechos humanos y la democracia en Latinoamérica y Caribe, con el estado de excepción Bukele “convirtió una medida de seguridad en una política de Estado” (https://www.wola.org/es/analisis/regimen-de-excepcion/). El costo, afirma, “es una alta concentración del poder, falta de independencia judicial y un deterioro de las instituciones democráticas”. 

En esta línea, Bukele reconoció en noviembre pasado que 8 mil personas, es decir, al menos una de cada 10 personas privadas de libertad bajo el régimen de excepción “eran inocentes”, por lo que fueron excarceladas, aceptando de hecho la violación de sus derechos humanos. 

Ron Johnson dejaría el país en enero de 2021, 16 meses después de haber asumido el cargo, siendo removido por el demócrata Joe Biden. Bukele lo despidió entristecido y expresó en su discurso que “se va un gran amigo”. Le entregó la Orden Nacional José Matías Delgado en el grado de Gran Cruz Placa de Plata, una de las condecoraciones más importantes del país, además de la Gran Orden Francisco Morazán, creada ex profeso para él. Emocionado, el rudo “boina verde”, experto en desarticular en los Balcanes, Asia o Medio Oriente las estructuras criminales y terroristas combinando la Inteligencia Estratégica Militar con un fuerte despliegue militar y policial, como los operativos que está llevando a cabo México en Sinaloa y Guerrero, afirmó que, tras casi medio siglo de servicio, “puedo decir que este ha sido el mayor honor de mi vida profesional”.

Los lazos entre Washington y Bukele no cesaron y la importancia de El Salvador como su aliado estratégico en Centroamérica quedó ratificada en marzo último con la visita adelantada del senador Marco Rubio, futuro secretario de Estado de Trump. Rubio felicitó a Bukele por su último triunfo electoral en febrero al arrasar en las urnas con 85% de votos, pese a que la Constitución prohíbe reelegirse. Pero la cifra de 79.211 personas detenidas por supuestos lazos con las maras y la pacificación de las calles fueron un buen argumento electoral, aunque más del 90% de los presos no tengan sentencia y las detenciones arbitrarias, el desplazamiento forzado y las muertes en las cárceles sean la otra cara del asunto.