Un Tribunal Electoral ¿imparcial o ya arreglado?

Como en la antigua Roma, en estos momentos cruciales para la vida democrática y la legalidad en la República, todos los caminos llevan al Tribunal Electoral del Poder Judicial.

La permanencia de la pluralidad política, los contrapesos entre los Poderes de la Unión y el respeto a las normas constitucionales, estarán en manos de los cinco magistrados que hoy integran el máximo tribunal en materia electoral, porque serán ellos los que decidan, con su voto, si validan el regalo que el INE de Guadalupe Taddei y la mayoría de consejeros le hicieron a la 4T con una interpretación sesgada y convenenciera de la Carta Magna, para otorgarle una mayoría calificada de 364 diputados que Morena y sus aliados no obtuvieron en las urnas.

Aunque a las magistradas y magistrados Mónica Soto, Janine Otálora, Felipe Fuentes, Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata se les conoce bien y se reconoce en todos ellos su capacidad jurídica y solidez en sus decisiones, hoy justo en esta coyuntura vital para el futuro democrático del país, se cierne sobre varios de ellos la sospecha o la duda de si actuarán y emitirán su voto con total autonomía y con la imparcialidad y legalidad a la que los obliga su encargo.

Y como dice el viejo refrán, “la burra no era arisca…”, pero es que no deja de ser poderosamente llamativo y se presta a todo tipo de suspicacias, que justo los magistrados del Tribunal Electoral serán los únicos integrantes del Poder Judicial que no se verán afectados ni impactados en sus cargos por la controvertida y cuestionada reforma judicial que terminará con las carreras de ministros, consejeros de la Judicatura, magistrados y jueces federales, todos ellos se irán a sus casas, algunos de golpe en cuanto se apruebe la reforma y otros gradualmente, pero ese no será el caso de los cinco magistrados electorales.

Los cinco integrantes de la Sala Superior del Tepjf fueron “salvados” o “rescatados”, según se quiera ver, por la bancada de Morena, que claramente obedece órdenes directas del presidente López Obrador, con el argumento de que, como venían elecciones estatales importantes el próximo año a ellos no se les aplicaría, por el momento, la purga vengativa de la que sí serán objeto el resto de los miembros del Poder Judicial federal. Según el dictamen que se discute esta semana en Comisiones de la Cámara de Diputados, los magistrados electorales se quedarán hasta 2027 y se les removerá y elegirá también por el voto popular, apenas termine el proceso electoral de las elecciones intermedias que habrá ese año en el país.

Ahí es donde, como dicen, “la marrana tuerce el rabo”, porque si bien suena justificado el argumento de rescatar a los magistrados de la “limpia” lopezobradorista al Poder Judicial por los comicios que vienen, también se presta a cualquier tipo de suspicacia, como las que ya expresan, en público y en privado, muchos analistas y opositores que apuntan a que puede tratarse de una “negociación política” con los cinco integrantes del Tribunal Electoral para mantenerles sus cargos, a cambio de que legitimen el atraco de la sobrerrepresentación que, primero se autoasignó Morena en voz de la impertinente e irresponsable secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde y que apenas el viernes fue validado por mayoría de ocho consejeros del INE.

Según esas versiones, estaría ya apalabrada que la mayoría de magistrados, que hoy significan tres de los cinco votos o incluso por una posible unanimidad, calificará de legal y constitucional la interpretación del artículo 54 de la Carta Magna que realizó el INE para otorgarle a Morena y a sus satélites del PT y el PVEM un total de 364 diputados, que significan 74% de las curules totales, contra 26% que se le otorga a la oposición, al haberles asignado a los tres partidos del oficialismo, bajo la figura de coalición y no de partidos individuales, un total de 108 diputaciones plurinominales (75 a Morena, 20 al PVEM y 13 al PT) con lo que tendrán no sólo el control total de la Cámara de Diputados, sino la facultad de modificar la Constitución, las leyes y cualquier cosa que se les ocurra a su antojo y capricho.

Y así, en esa suerte de “quid pro quo” que se afirma negoció la 4T con los magistrados del Tepjf, el oficialismo tendría el reconocimiento total de su mayoría artificial en San Lázaro, mientras los cinco integrantes de la Sala Superior mantendrían sus cargos, y obvio las remuneraciones económicas que reciben, hasta 2027, recibiendo un tratamiento especial y diferente al que tendrán los ministros, consejeros, magistrados y jueces federales en la citada reforma judicial.

Hay incluso quien afirma que en el “acuerdo” entre la 4T y los magistrados entrarían también otros temas y decisiones del Tribunal, como la aprobación y validación también de la reelección del presidente del PRI, Alejandro Moreno, que provocó una lluvia de recursos y denuncias ante el máximo órgano de justicia electoral, argumentando violaciones graves a los estatutos priistas e irregularidades en la Asamblea Nacional que votó la permanencia de “Alito” al frente de ese partido hasta 2028. El favor al controversial líder del priismo sería por intermediación del oficialismo que a su vez tiene sus acuerdos y negociaciones en lo oscurito con “Alito” Moreno.

Así que ante las dudas e incertidumbre que hoy campean en la República, por el desmantelamiento y extinción del actual Poder Judicial, los órganos autónomos y el avance inexorable del nuevo Régimen de Partido Hegemónico de Estado, que nos regresa a las oscuras y autoritarias épocas del viejo régimen, vale la pena preguntarse y preguntarles directamente a los cinco magistrados en cuyas manos estaría el futuro de la democracia, la pluralidad política y los equilibrios de poder en este país: ¿fallarán en conciencia o conforme a derecho o lo harán por consigna política? O como diría aquella campaña televisiva: magistradas y magistrados ¿tienen el valor o les vale?... Los dados abren con Serpiente Doble. La semana se viene densa.