El ISAF no recomendó quitar las prestaciones: Blas Valenzuela

"El ISAF no hizo la observación, fueron las autoridades municipales las que la solicitaron, aclaró Blas Valenzuela, abogado de la Asociación de jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo.

HERMOSILLO, SON.-  "El ISAF no hizo la observación, fueron las autoridades municipales las que la solicitaron", aclaró Blas Valenzuela, abogado de la Asociación de jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo.

Luego de que el secretario del Ayuntamiento, Florencio Díaz Armenta, subrayara que el retiro de prestaciones se dio luego de una observación del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), en la que se indica que es violatorio a la ley incluir a jubilados y pensionados en el contrato colectivo de trabajo que se firma anualmente entre la autoridad municipal y el sindicato.

 "Efectivamente el ISAF les dijo que las prestaciones no deben estar en un contrato colectivo de trabajo porque ya no hay ninguna relación laboral, pero no les dijo quítales las prestaciones y de ahí se agarraron la quitarlas",  señaló que abogado de jubilados y pensionados. 

Explicó que la asociación que representa, integrada por mil 350 personas, interpuso una queja en contra de esta resolución que realizaron en sesión de Cabildo el 24 de noviembre ante el Tribunal Colegiado de Circuito.

"Cabildo canceló todas las prestaciones: el vale de despensa, la ayuda funeral, el apoyo para el pago de la energía eléctrica y el apoyo de los gastos médicos mayores", dijo Blas Valenzuela.

Agregó que la resolución podría tardar hasta 6 meses o un año, y de casos de salir favorable tendrían que pagarse las prestaciones del día 1 de enero hasta que se resuelva la ejecutoria.

"La peor injusticia en México es la justicia tardía. El amparo entró desde el día 1ro de enero. Son más o menos 34 millones de pesos (que tendría que entregar el Ayuntamiento a los jubilados y pensionados)", expuso Blas Valenzuela.

Finalmente, Blas Valenzuela reiteró que la asociación está en la mejor disposición para negociar con el Ayuntamiento con la única condición de que se regrese las prestaciones que están activas desde 1997.