SCJN resuelve amparo a favor del Río Sonora y en contra de Grupo México

CIUDAD DE MÉXICO.- Los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en la Nación dictaron sentencia en uno de los tres juicios de amparo que interpusieron los Comités de Cuenca y ordenó la reapertura del Fideicomiso Río Sonora para resarcir el daño a los damnificados por el derrame tóxico que generó la minera Grupo México. 

Según la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), la Segunda Sala del máximo tribunal reconoció, por unanimidad, que el cierre del Fideicomiso Río Sonora y la reparación del daño que hizo la minera que explota Germán Larrea Mota Velasco “no fue adecuada”.

“La Corte falló a favor de las comunidades del río, amparando y protegiendo, en el sentido del amparo que tenía que ver con el cierre del Fideicomiso, que se hizo de manera unilateral en enero del 2017 y las comunidades afectadas impugnaron esa extinción porque no se había completado la remediación; así que la SCJN lo que establece es que se reabra el Fideicomiso o se establezca otro mecanismo para la reparación del daño”, aseguró Fernanda Hopenhaym, codirectora Ejecutiva de PODER.

Los tres procesos penales interpuestos por los Comités de Cuenca del Río Sonora impugnaban la operación del mecanismo para la reparación del daño (amparo sobreseído 384/2018); su falta de apoyo al Proyecto de Reactivación Agropecuaria para la región (amparo sobreseído 927/2018); y la extinción del Fideicomiso Río Sonora y la conclusión del Programa de Remediación Ambiental (amparo concedido 640/2019). En agosto pasado y a principios de enero, la SCJN determinó tomarse más tiempo para estudiar en conjunto los tres casos.

Fue el 6 de agosto del 2014, cuando la falla en una de las válvulas en una pileta de lixiviados de la mina Buenavista del Cobre en Cananea, generó el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico que dejó atestado de metales pesados al río Sonora que a traviesa 240 kilómetros desde el Ojo de Agua de Arvallo hacia la presa El Molinito, dejando sin agua a 25 mil habitantes de siete municipios.

Para resarcir los daños a los pobladores y sectores productivos de la rivera, la pasada administración del expresidente Enrique Peña Nieto, ordenó a la empresa que pagara un Fideicomiso por dos mil millones de pesos, de los cuales apenas pagó mil 300 millones de pesos, cuando el Gobierno Federal decretó el cierre de este mecanismo, argumentando que el medio ambiente había sido remediado y que se habían subsanado los daños a las familias damnificadas.

Sin embargo, la presente administración del Gobierno de la República realizó nuevos análisis químicos a muestras de agua de pozos y superficial en 60 puntos del Río Sonora, confirmando que aún persiste el riesgo sanitario para las familias que habitan en la zona; además advirtió a Grupo México que debe continuar la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental para atender a las personas que padecen enfermedades relacionadas a la presencia de metales pesados en el agua.