Poder Judicial suspende propuesta de eliminación de grados de la SEP
Actualmente, la demanda de amparo indirecto se encuentra en trámite, precisando que la SEP deberá acatar la suspensión concedida por el Poder Judicial de la Federación.
Tras la presentación de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Plan de Estudios para el próximo ciclo escolar 2022-2023, en el que entre otras cosas, se pretende eliminar los grados escolares en el nivel preescolar, primaria y secundaria para reemplazarlos por fases de aprendizaje, el organismo civil Educación con Rumbo presentó una demanda de amparo.
Lo anterior, para solicitar que la SEP y las autoridades responsables garanticen el derecho humano de los niños a la educación y se abstengan de eliminar los grados escolares y de eliminar la facultad de evaluar a los alumnos.
El citado amparo fue radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, bajo el expediente 1220/2022 y se concedió la suspensión para el efecto de que la SEP se abstenga de eliminar los grados escolares de educación básica y la facultad de evaluar a los alumnos.
Actualmente, la demanda de amparo indirecto se encuentra en trámite, precisando que la SEP deberá acatar la suspensión concedida por el Poder Judicial de la Federación.
El abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz refirió que la decisión del Poder Judicial sienta un precedente contundente en el que la educación por grados garantiza una educación de calidad a fin de que los docentes puedan especializarse y lograr transmitir los conocimientos a los alumnos, mientras que la evaluación a los alumnos como diagnóstico individual y global tiene por objetivo lograr la mejora continua de los alumnos y del servicio de educación pública.
Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de Educación con Rumbo, precisó que la decisión del Poder Judicial de la Federación alienta a la sociedad civil organizada, a los maestros, especialistas en materia de educación y a las propias autoridades "para trabajar de manera corresponsable en materia de educación donde los actores entendamos que el centro de gravedad de todas las decisiones públicas es el mejor interés de los niños y niñas del país".