Nuevo León se amparan municipios en contra de embargo de cuentas
Gobierno de Nuevo León justifica embargo de recursos a 19 municipios.
Ante quejas de alcaldes del PRI y el PAN, que denunciaron embargo de recursos por parte del gobierno de Samuel García en represalia por no someterse ante Movimiento Ciudadano, la administración estatal señaló que dichas medidas son para asegurar el pago de adeudos.
El embargo de recursos se realizó en contra de once municipios gobernados por el PRI que son Apodaca, Aramberri, Doctor Arroyo, Doctor González, Galeana, Guadalupe, Hualahuises, Iturbide, Juárez, Montemorelos y Santiago, siendo los más afectados en cuanto al monto por el tamaño de su población, Guadalupe al que se le exigen 317 millones, Apodaca 52 y Juárez 50 millones de pesos.
Asimismo, se embargaron recursos a los municipios de Cadereyta, General Bravo, General Treviño, Lampazos, Pesquería, Rayones y San Nicolás de los Garza, gobernados por el PAN y siendo los municipios a los que más se les embargó los de Cadereyta con 35, Pesquería con 35 y San Nicolás con 14 millones de pesos.
Otros dos municipios embargados por el gobierno estatal son los de Ciénega de Flores gobernado por el PVEM, al que se le exigen adeudos por 186 millones de pesos, y 53 millones al de García, que ganó el independiente Carlos Guevara, y quien será candidato del PVEM a una diputación federal, dentro de la coalición que encabeza Morena y donde también participa el PT.
En cambio, no fueron embargados municipios gobernados por MC como el de Monterrey, que adeuda 478 millones de pesos, y el de Salinas Victoria con deudas por 148 millones de pesos. Entre los adeudos que busca cobrarse el gobierno estatal destacan por concepto de suministros de la empresa descentralizada, Servicios de Agua y Drenaje, y con el SAT Nuevo León, además del organismo descentralizado Simeprode (Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos) en la zona metropolitana.
Al denunciar la acción emprendida por la administración estatal, el alcalde panista de San Nicolás señaló a través de sus rede sociales: "De manera cobarde e ilegal, el Gobierno @nuevoleon por instrucciones de @samuel_garcias vuelve a embargar cuentas de Municipios que no son de MC", en tanto la alcaldesa priista de Guadalupe, Cristina Díaz, expresó que son adeudos históricos -desde pasadas administraciones-, y existen convenios para ir saldando las cuentas en parcialidades, para no dejar a la población sin servicios básicos.
El gobierno estatal informó que los embargos son para garantizar que las autoridades municipales paguen los adeudos que tienen con Simeprode y que pueda operar el organismo descentralizado, para evitar la contaminación con basura en calles, cauces de agua y áreas naturales".
La administración que encabeza el gobernador Samuel García expuso que el organismo trabaja todos los días en la recepción de los residuos que son generados por la población e industria, proporcionando espacios para su correcto manejo y así evitando su acumulación en la vía pública, y en consecuencia evitar el deterioro ambiental, afectación de la salud pública y de la imagen urbana:
"Derivado de lo anterior, y ante la necesidad de contar recursos para sustentar el servicio público, los programas y los proyectos que realiza Simeprode, desde el año pasado se han realizado las gestiones de cobranza administrativa a los municipios a los que se les proporciona nuestro servicio, y que representan un adeudo importante a las finanzas de este organismo, ya que su adeudo supera a más de 300 millones de pesos", señaló el gobierno del estado. Asimismo, expuso que "ante la omisión de atender a tales requerimientos", es que Simeprode remitió a la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado (SAT-NL), dichos adeudos para auxiliar en su cobro, al tener la calidad de créditos fiscales.
Sin embargo, puntualizó, no obstante que continúan los procesos de cobro, cualquier municipio que cuente con adeudos podrá convenir con Simeprode para el pago de sus adeudos, a fin de que puedan continuar los servicios de acopio, recepción, transporte almacenaje, aprovechamiento, reciclaje, transformación, procesamiento, comercialización, disposición final y en su caso, confinamiento de todo tipo de desechos sólidos, incluyendo residuos de manejo especial y peligroso.