Cajeme: vendedores de pirotecnia se refugian en redes sociales
A pesar de ser ilegal su venta, comerciantes de Cajeme usan las redes sociales para ofrecer estos productos, mismos que son ofrecidos a domicilio con toda clase de explosivos.
Por segundo año consecutivo, ciudadanos están vendiendo pirotecnia en redes sociales durante la temporada decembrina, esto a pesar de que en Cajeme están prohibidos este tipo de productos desde el 2022.
A través de la red social Facebook, en la sección de Marketplace, los vendedores ofrecen pirotecnia variada como luces que son de bajo riesgo, pero también aquellas que generan grandes estruendos.
En las publicaciones se ofrecen paquetes de 100 a 250 pesos con pirotecnia variada, pero también bolsas con cañones, R15, R20 o carrizos, estos se ofertan hasta 700 pesos la docena.
El equipo de EXPRESO les solicitó información a los vendedores, por lo que ninguno quiso señalar en dónde están ubicados y respondieron que las entregas se realizan solamente a domicilio con un costo extra por pedido.
Invitan a denunciar venta ilegal
El titular de Protección Civil Municipal, Francisco Mendoza Calderón, confirmó que tienen conocimiento de este tipo de venta clandestina, pero es importante que la misma población haga la denuncia correspondiente de los domicilios donde tienen almacenada la pirotecnia.
"Sí sabemos lo que está pasando, pero nosotros podemos actuar al menos que localicemos el almacén, en redes sociales no se puede hacer mucho porque es legal en otros municipios, por eso les hacemos el llamado a las personas para que denuncien donde los tienen o dónde los están vendiendo", expresó.
Según han informado las mismas autoridades, esta temporada decomisarán todos los productos de luces o explosivos que sean detectados en esta temporada, pero en caso de que la cantidad sea superior a los 10 kilos, los responsables serán canalizados a la Fiscalía General de la República (FGR) porque es considerado delito.
El año pasado las corporaciones decomisaron alrededor de 12 mil piezas de pirotecnia, donde los responsables de utilizarlo o comercializarlo se canalizaron al Juzgado Cívico para que se les aplicara una amonestación verbal o multa económica.
