Minerva Hernández Ramos, senadora por Tlaxcala, me hizo recordar el término “antinomia” y consultar su significado preciso.

Tiene dos acepciones: “contradicción entre dos preceptos legales” y contradicción “entre dos principios racionales”.

Se compone de los vocablos griegos que quieren decir “anti” o “contra” y “nomos” o “ley”.

Expresa una paradoja irresoluble.

Los avezados en filosofía saben que dos enunciados contradictorios sobre un objeto, ambos lógicamente fundamentados y convincentes, componen una “antinomia”.

El breviario viene a colación por el madruguete que dio Morena y asociados a la oposición en el Senado con la aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana, discutible desde el nombre mismo porque la continencia (mesura, prudencia, sobriedad y todos sus sinónimos) no requiere de adjetivos y porque toda la legislación mexicana vigente… “¡es republicana!”

Hernández Ramos dijo que lo aprobado traicionó los acuerdos a que habían llegado las distintas fracciones, y se preguntó si los aludidos leyeron el dictamen y “no se dieron cuenta de que se contienen antinomias; que se viola la técnica legislativa, se invaden esferas competenciales de otros Poderes de la Unión, así como de Organismos Constitucionales Autónomos” y tiene además “errores ortográficos y de sintaxis”.

El propósito de la nueva ley, se suponía, es hacer eficiente el gasto público y eliminar privilegios. Inimaginable que alguien esté en desacuerdo.

Lo cuestionable está en lo que dicen es la especialidad del Diablo: los canijos detalles, entre los que resaltan la abdicación del Poder Legislativo de su facultad para programar el gasto público, dejando el destino de decenas de miles de millones de pesos al arbitrio del Presidente de la República, y la flagrante violación del derecho de las personas a decidir dónde trabajar:

Se determina que los ahorros que se obtengan (desaparición de subsecretarías, direcciones generales y adjuntas, despido de personal, compras consolidadas, cancelación y disminución presupuestal de apoyos a programas como el de las estancias infantiles, etcétera) se destinarán a lo contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo que “por decreto” determine el Ejecutivo Federal.

Esto significa que una sola persona podrá disponer a capricho de alrededor del 15% del presupuesto autorizado en San Lázaro, por ahora la friolera de casi 200 mil millones de pesos.

Y si no fuera violatoria de los derechos humanos, mueve a carcajada la abusiva prohibición de diez años a los funcionarios públicos para que puedan trabajar en algo relacionado con la tarea que desempeñaron en el servicio público.

Sí, Chucha.

Concluye su gestión, se niega a cambiar de plaza o recortan a un ingeniero electricista ejecutivo de la CFE.

¿Queda impedido para ingresar a IUSA?

¿Un médico directivo del IMSS no podrá trabajar en Médica Sur…?

Que no “mammy blue”.