En el DIF no había programas para atender a indigentes: Lorenia Valles

HERMOSILLO, SON.- Sin programas enfocados en atender a personas en situación de calle, y con un número de denuncias considerable en cuanto a violencia intrafamiliar, contra las mujeres y de maltrato infantil fue como encontraron al DIF Estatal ante el cambio de gobierno, compartió Lorenia Iveth Valles Sampedro, actual directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora.

A través de una entrevista en el Noticiero Expreso 24/7 con Lorenza Sigala, reveló algunos de los datos concernientes a las graves problemáticas que aquejan a la sociedad sonorense: en cuanto al número de llamadas al 911, hay una cantidad importante respecto al abandono de infantes (512 llamadas); corrupción de menores (95); maltrato infantil (1408) y de violencia intrafamiliar (365), dejando en claro que a pesar de que no todos los reportes son genuinos, a cada uno se le da un seguimiento constante e integral.

Para atender esta problemática, las denuncias y reportes se integran al protocolo SALVA, un área estratégica para la protección de niñas y adolescentes, mujeres y cualquier otra persona que atraviese una circunstancia de violencia intrafamiliar.

Otra problemática sobre la que habló concierne a las personas en situación de calle. “Es un tema que hemos visto.

En DIF no encontramos ningún programa funcionando para estas personas. Lo estamos considerando para el presupuesto del próximo año” explicó.

Reconoció el aumento de esta gente, y aseguró que se toman acciones al respecto, con un enfoque dirigido a fortalecer la relación con la sociedad civil para crear bases de apoyo, como por ejemplo lo que han conseguido con el Centro Galilea, y autoridades a nivel municipal correspondientes con estos ámbitos.

Aunado a ello, Valles Sampedro complementó que se trabaja por atender a las diferentes personas en situación de migración. En cuanto a cifras, estableció que en uno de los albergues que maneja la institución se han contemplado 86 niños que migran por su propia cuenta, y alrededor de 650 acompañados por sus familias (oriundos principalmente de Guatemala, Honduras y Nicaragua). Junto con el INM, han buscado garantizar los servicios para su comodidad y salvaguarda, acompañándolos durante el proceso de repatriación y cualquier otra acción con el fin de asegurar sus derechos.